El blindaje a la legislación de Jalisco con la llamada reforma antiaborto quedó consolidada ayer, después de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado dio cuenta de que fue aprobada por mayoría en los ayuntamientos, último paso en el proceso legislativo. Ahora sólo falta el trámite ante el pleno y que el gobernador la publique para que entre en vigor.
El tema, de especial interés para la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), incluso provocó que los diputados suspendieran el receso de facto al que tienen sometido al Congreso, porque 28 de sus integrantes son candidatos, y hasta decidieron sesionar en sábado.
La reforma antiaborto, que tuvo su origen en una iniciativa popular, fue aprobada por mayoría calificada en el Congreso del Estado el 26 de marzo pasado. Por tratarse de cambios a la Constitución de Jalisco, tuvo que remitirse para su estudio a los 125 ayuntamientos, aunque sólo 54 la abordaron en una sesión; de éstos, 50 la aprobaron, tres la rechazaron y uno se abstuvo.
La misma Constitución marca que si, en 30 días hábiles a partir de que los ayuntamientos fueron notificados, no hay una respuesta, la reforma se entiende por aprobada. Así, ayer los legisladores se reunieron para declarar que, como 71 municipios no respondieron, se asume que la aprobaron.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado panista Gustavo González Hernández, señaló que ahora esperan que la Mesa Directiva del Congreso local acepte que el tema cubra el trámite el próximo 16 de junio, cuando se llevará a cabo una sesión solemne por el aniversario del nacimiento del “Estado Libre y Soberano de Jalisco”.
Una vez que cumpla el trámite de pasar por el pleno, el decreto debe ser enviado al gobernador Emilio González Márquez, que está obligado a publicarlo para su entrada en vigor.
La reforma al artículo 4 constitucional prevé “blindar” a la legislación local para evitar que se incrementen las causales en que se permite la interrupción del embarazo, pero además para evitar que se incorporen figuras como la eutanasia.
Junto con los cambios a la Constitución, los diputados aprobaron el 26 de marzo una reforma al Código Penal del Estado, para incorporar la conmutación de la pena de cárcel por ayuda psicológica a la mujer que se practique un aborto.
En los cambios aprobados ese día por los legisladores, no se aclaró qué sucederá con las causales que prevé el Código Penal para que sí se pueda acudir al aborto, cuando se pone en riesgo la vida de la madre o el embarazo es producto de una violación.
Esto provocó que, pese a los avances conseguidos en este sector, el secretario de Salud en el estado, Alfonso Gutiérrez Carranza, incluso llegara a declarar el 31 de marzo pasado que el sector público no practicará abortos ni siquiera en casos de violación. A cambio, recomendó que, cuando una mujer sea víctima de este delito, acuda a la píldora del día siguiente o los “aseos”.
Hasta ahora, los diputados locales consultados han asegurado que, al no modificarse el artículo 229 del Código Penal, sobre las excepciones en las que el aborto no es considerado un delito, éstas se mantienen, no obstante que la Constitución de Jalisco está por encima de ese ordenamiento.
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